El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión histórica al revocar el principio de deferencia Chevron, que instruía a los tribunales a deferir a la interpretación de leyes ambiguas por parte de las agencias federales. El tribunal, conformado por una mayoría conservadora, votó 6-3 en contra del principio que había definido el derecho administrativo desde 1984. Alejándose de una regla que pedía restricción judicial, los jueces han establecido a los tribunales como los principales decidores en asuntos de interpretación de leyes regulatorias.
La doctrina Chevron surgió de un caso en el que una organización ambiental impugnó una regulación bajo la administración de Reagan. El resultado fue el test de dos pasos de Chevron, que requería a los tribunales determinar si una ley era ambigua y si la interpretación de la agencia era razonable. Si lo era, el tribunal se inclinaría por la experiencia de la agencia. Esto fomentaba un enfoque equilibrado en la interpretación de leyes entre el poder judicial y las agencias federales, permitiendo a estas últimas abordar preguntas especializadas dentro de su ámbito de operación, mientras que los tribunales se abstendrían de formular políticas.
Sin embargo, esta dinámica ha cambiado drásticamente con la reciente decisión que involucra a pescadores de arenque del Atlántico que se oponían a pagar por la supervisión gubernamental. El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., en la opinión mayoritaria, enfatizó la responsabilidad del tribunal de interpretar leyes sin depender en exceso del juicio burocrático, argumentando que Chevron socava la función principal del poder judicial.
Por otro lado, la jueza Elena Kagan, junto con las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, emitieron una disidencia contundente desde el estrado. Sostuvieron que la decisión consolida en exceso el poder judicial, socavando la autoridad tradicionalmente otorgada a las agencias administrativas. La disidencia criticó la revocación por hacer una burla del principio de estabilidad jurídica, ya que las legislaturas tuvieron amplias oportunidades para modificar la regla de Chevron si se consideraba inapropiada.
Las implicaciones de esta decisión transformadora son potencialmente extensas, con la probabilidad de un aumento en los desafíos legales a las regulaciones de las agencias en diversos campos, desde la protección ambiental hasta la atención médica. A pesar de las garantías de que las decisiones anteriores conforme a Chevron no serían perturbadas, la decisión podría catalizar una ola de decisiones judiciales inconsistentes, creando tumulto dentro del sistema legal y en los ámbitos que estas regulaciones gobiernan.
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